La educación que precisamos para el mundo que queremos

La educación que precisamos para el mundo que queremos

Gt Educación RÍO+20

1. La coyuntura actual: complejidad de crisis, diversidad de sujetos y los desafíos de una agenda estratégica

Río+20 se desarrolla en una coyuntura global de crisis. No sólo asistimos a las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la crisis del capitalismo financiero en su fase neoliberal, sino a una crisis de mayor magnitud que evidencia los problemas intrínsecos ao sistema actual, y que  afectan esferas esenciales de la vida y se expresa en diversos fenómenos locales, regionales y mundiales. Aunque las miradas de los analistas y de la opinión pública se han focalizado en Europa y Estados Unidos, la coyuntura manifiesta señales de agotamiento global y cada vez mas se presentan demandas por alternativas para la humanidad y el planeta.

Si bien los organismos financieros multilaterales priorizan un análisis económico de la crisis, proponiendo las mismas políticas de ajuste estructural centradas en la disminución del gasto de los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales han alertado acerca de la complejidad de crisis por las que atravesamos.

La coyuntura presenta múltiples aristas problemáticas, pero una de las más importantes corresponde a la crisis de orden político global, porque no existe un espacio democrático internacional que permita tomar decisiones a problemas que son de dimensión global y de efectos diferenciados a nivel local; lo que ha primado en los espacios tradicionales de discusión son los intereses particulares de algunos estados, corporaciones y bancos, bajo los intereses del capital. Esta situación es preocupante, toda vez que supone el debilitamiento del multilateralismo para la toma de decisiones colectivas sobre problemas globales.

En medio de este contexto, se ha presenciado la emergencia de nuevos procesos de movilización y participación ciudadana, con una explosión de movimientos sociales activos frente a situaciones de violación de derechos humanos y de catástrofes medioambientales que, cada vez más, se posicionan como factor de incidencia y cambio en la política de algunos países. Estos nuevos actores internacionales están llevando el debate sobre las formas institucionales del sistema democrático, a puestos prioritarios de las agendas nacionales. Existen movimientos orientados a desarrollar procesos auto-constituyentes, iniciativas populares de ley y la refundación de los sistemas democráticos para hacerlos más inclusivos y participativos.

Lo inédito de esta coyuntura es, precisamente, la fuerza movilizadora de estos movimientos ciudadanos, al punto que están disputando la recomposición de lo Público y de la agenda política global, dinamizando y politizando el debate acerca de las posibilidades de transitar hacia sociedades sustentables en sus dimensiones ambiental, social, económica y con responsabilidad global.

Los movimientos ciudadanos se han expresado de diversas maneras, impactando de manera sustantiva el reacomodo de la política de varios países y regiones: sea por las reivindicaciones por los derechos humanos y la democratización, la indignación por el desempleo y la exclusión de sectores importantes de la población de los servicios sociales básicos, el descontento de los ciudadanos-as con los modos existentes de organizar la política democrática, la movilización estudiantil por una educación pública gratuita universal o las luchas de organizaciones ecologistas contra Estados y grandes corporaciones depredadoras del medio ambiente. Como tal, el movimiento ciudadano global enfrenta desafíos de corto y mediano plazo de gran alcance ético y político.

2. La educación que queremos y la complejidad del presente

La crisis global es también una crisis de la educación – asumida como educación a lo largo de la vidade su contenido y su sentido, pues gradualmente ha dejado de concebírsele como un derecho humano y se le ha convertido en el medio privilegiado para satisfacer las necesidades de los mercados, demandantes de mano de obra para la producción y el consumo. No sólo se ha claudicado en la formación de personas capaces de pensar los importantes problemas políticos, ambientales, económicos y sociales de orden global, sino que además la Educación ha sido despojada de su profundo contenido político y, particularmente, de su potencial para formar ciudadanos y ciudadanas capaces de pensar un orden económico y social diferente en el que se pueda superar el complejo de profundas crisis que vivimos, que se manifiestan en crecientes desigualdades y discriminaciones y en la ausencia de dignidad y justicia.

Resulta fundamental resignificar nuevamente los fines y prácticas de la educación, en el particular contexto de disputa de sentidos, caracterizado a la vez por la subordinación mayoritaria de las políticas públicas al paradigma del capital humano, y en contravía, la emergencia desde el movimiento social, de paradigmas alternativos que buscan restituir el carácter de derecho y de proyecto ético y político a la práctica educativa.

Si en el contexto actual, la finalidad de la educación es producir mano de obra para la producción y el consumo, entonces ¿quién va a formar ciudadanos-as? El capital humano reduce las capacidades humanas a la función de producir mayor riqueza en las condiciones sociales existentes, que implican grandes desigualdades. Las y los ciudadanos, por el contrario, tienen el deber de cuestionar dichas condiciones cuando producen injusticia, discriminación, envilecimiento, y ponen en riesgo la vida en el planeta. En este sentido, es urgente rescatar la noción de Educación como derecho humano, en sus dimensiones formal, no formal e informal, abrir su mirada a la democratización de las sociedades para formar ciudadanías críticas, capaces de vincularse a movimientos que reclamen una transformación del orden social, con miras a una mayor justicia social y ambiental, con la intención de entender y discutir soluciones a los problemas de escala planetaria.

El tema del desarrollo de una “subjetividad” crítica resulta un aspecto central en la construcción de una pedagogía ciudadana en la actual coyuntura. Se trata de restablecer un sentido emancipador de los procesos de empoderamiento, entendidos como el desarrollo de recursos  de la comunidad  para hacer política, generar conocimientos, potenciar los saberes y aprendizajes que se producen en las luchas democráticas, y que precisan liderazgos inclusivos, organizaciones participativas, alianzas con organizaciones democráticas de la sociedad civil y la permanente y necesaria “ponderación radical-pragmática” (inédita-posible, diría Paulo Freire) en la definiciones de acuerdos, consensos y asociatividad entre la diversidad de actores que participan de la política.

Todo esto implica un giro político y cognitivo, un cambio paradigmático en la manera de entender la educación, una apertura a nuevos puntos de vista sobre los fines sociales, como los del buen-vivir, el de los bienes comunes, el de la ética del cuidado, entre otros, sobre los cuales debe abrirse un gran espacio de discusión y socialización en el camino hacia Río+20 y más allá, y afirmados en el sentido de una educación para el cambio y la transformación personal y social.

Estos nuevos paradigmas y puntos de vista no sólo deben ser mapas para moverse en los nuevos contextos, sino también hojas de contenido consecuentes con las finalidades que buscamos como movimiento ciudadano capaz de involucrar a los distintos actores del proceso educativo, como los trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, los y las estudiantes, los padres y las madres de familia, y más ampliamente a todos y todas las ciudadanas que precisan y pugnan por un cambio profundo en la educación, para generar un cambio radical en la sociedad hacia mayor justicia social y ambiental. Todo ello es consistente con la concepción liberadora de la educación popular, que se nutre de múltiples experiencias pedagógicas para formar otra ciudadanía.

El cambio paradigmático en educación, como condición para avanzar hacia sociedades  sustentables, con justicia social y ambiental, donde la economía sea un medio para ello y no un fin en sí misma, debe suponer un cambio en los enfoques tecnicistas y economicistas de las políticas educativas vigentes. Es preciso reivindicar el derecho a aprender “durante toda la vida”, consigna que no debe entenderse como la expresión de un tipo de capacitación permanente para satisfacer las necesidades de los mercados y los requerimientos de las viejas y nuevas industrias.

Este planteamiento, sobre la educación que queremos, parte de construir múltiples “educaciones”  en sus dimensiones formal, informal y no formal, para desarrollar capacidades humanas, incluyendo las capacidades cognitivas, de empoderamiento y participación social, de convivir con otros-as en la diversidad y la diferencia, de cuidar y planificar la propia vida, de convivir entre seres humanos en armonía con el medio ambiente.

Una educación pertinente, relevante, transformadora, crítica, debe tener como fin máximo la promoción de la dignidad humana y la justicia social y ambiental. La educación, derecho humano promotor de los demás derechos, debe asumir a niños, niñas, jóvenes y personas adultas como sujetos del derecho, promover la interculturalidad, la igualdad, la equidad de género, el nexo entre ciudadanía y democracia, el cuidado y relación armónica con la naturaleza, la eliminación de toda forma de discriminación, la promoción de la justicia y la construcción de una cultura de paz y de resolución no violenta de los conflictos.

La educación que queremos, requiere promover estratégicamente una educación que contribuya a una redistribución social de los conocimientos y del poder (tomando en cuenta el género, la raza-etnia, la edad, la orientación sexual), que potencie el sentido de autonomía, solidaridad y diversidad que expresan los nuevos movimientos sociales.

Se trata de promover una educación crítica y transformadora que respete los derechos humanos y los de toda la comunidad de vida a la que pertenece el ser humano, que promueva específicamente el derecho a la participación ciudadana en los espacios de toma de decisión, como por ejemplo la Conferencia de Río+20.

3. Frente a Rio+20

Río + 20 no puede convertirse en una instancia para promover el desarrollo económico a expensas de los derechos humanos y de la vida misma. El movimiento de educación va a  estar allí presente al lado de otros movimientos sociales para levantar la bandera de la justicia social y ambiental y de la dignificación del ser humano y de la vida. Estará presente también defendiendo la educación como un derecho humano fundamental, cuya finalidad es la transformación de los patrones de producción, consumo y distribución del actual sistema, con miras a lograr mayor justicia social y ambiental.

Para algunos sectores, Río+20 es una oportunidad para “enverdecer” la salida capitalista de las crisis, intentando humanizarla, y para hacer un llamamiento a la responsabilidad social y ambiental de las empresas. Con eso, se quiere establecer acuerdos “en la medida de lo posible” ante el cambio climático y demás crisis, para promover ajustes sin que se cuestione o que se ponga en riesgo el paradigma en que se sostiene el status quo.

En el proceso preparatorio de esta cumbre mundial, hemos visto muchas expresiones de estas tendencias que niegan el valor central de los derechos humanos y borran la responsabilidad que ha tenido el modo de desarrollo capitalista en la generación de la multiplicidad de crisis que vivimos. Desde una mirada crítica y cualitativamente diferente entendemos que Río+20 debe ser un proceso que amplifique la movilización neo paradigmática, para avanzar hacia sociedades integralmente sustentables con justicia social y ambiental, capaces de responder a las necesidades de los seres humanos y sus comunidades, habitando el planeta de manera armónica con las lógicas de la vida en la tierra (nuestra casa común) y generando un nuevo modo de entender la convivencia, la diversidad y la solidaridad en cuanto condiciones políticas y éticas para un orden social realmente democrático.

Para ello es preciso avanzar en un sentido crítico y establecer coordenadas alternas, tales como entender los procesos sociales desde una óptica de complejidad en los cuales concurren diversas matrices de necesidades humanas, el desarrollo de capacidades tanto cognitivas, como afectivas, organizativas, con-vivenciales y de “cuidado”, y un repertorio amplio de formas de organizar las acciones colectivas. Así mismo, es necesario concebir la Política como una práctica que se expresa en acciones colectivas y democráticas, y de cuyo desarrollo surgen saberes que se diseminan entre organizaciones y movimientos ciudadanos de todo tipo, y particularmente entre sus bases, constituyendo un empoderamiento de la ciudadanía frente al orden político, y una repolitización de lo Público. Es preciso también, desarrollar una teoría política que redimensione la democracia como un espacio humano deliberativo, de proximidad, igualitario, en sus relaciones de género-raza-etnia-generaciones, orientación sexual  ”des-patriarcalizado” y “des-colonizado”, fecundado por la práctica del reconocimiento, la reciprocidad y el respeto a las diversas formas de ser-con-otros-as, de vivir la sexualidad y de habitar el “mundo de la vida”.

Desarrollar itinerarios político- pedagógico en función de las necesidades insatisfechas de las poblaciones y de los requerimientos de sustentabilidad de territorios concretos, a partir de las culturas propias, de las  economías locales y de una relación más justa con los mercados globales, de sus estructuras propias del empleo, de las capacidades de carga de sus eco-sistemas, que permitan llegar a construir el bien-estar humano en armonía con la vida y la madre tierra.

Por estas razones los movimientos sociales que están reclamando un cambio profundo con miras a construir sociedades más justas y más capaces de coexistir con la vida en el planeta, se expresarán de manera categórica en la Conferencia de Rio + 20 y en la Cumbre de los Pueblos, llevando entre otros, el mensaje de que la afirmación y realización del derecho a la educación, así como del núcleo más integral y amplio de derechos, es una condición ineludible para poder construir un mundo en el que se haga realidad la dignificación de la vida, un mundo en el que valga la pena, y a la vez, sea posible, vivir.

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