La escuela pública se echa a la calle en el Estado español

(El País) La escalada del conflicto educativo desencadenada hace ya más de tres años por los recortes presupuestarios alcanzó ayer un pico máximo. La reforma educativa que promueve el Gobierno sacó ayer a la calle a decenas de miles de personas en toda España y volvió a unir en una huelga general por segunda vez en solo un año a todos los niveles educativos —de la escuela infantil a la Universidad—, impulsada por profesores, padres y alumnos. El Gobierno tenía previsto llevar hoy la citada ley Wertal Consejo de Ministros, pero ha renunciado. Se aplaza al viernes que viene, confirmaron fuentes del Ejecutivo, para afinar algunos detalles técnicos pendientes en la memoria económica que acompaña a dicha ley,

La sensación generalizada que movilizó ayer a unos y a otros es que el modelo de escuela pública está en grave peligro, ese modelo que busca la equidad e intenta compensar las desigualdades dando oportunidades a todos. “Protesto porque no quiero que se desmantele todo aquello que elegí para mi hijo, porque creo sinceramente que la calidad está en la enseñanza pública”, explicaba Paz Martínez (funcionaria, madre de un alumno de 15 años) a las puertas de un instituto de Madrid.

Las medidas de recorte fijadas el año pasado por el ministro José Ignacio Wert consiguieron unir unas protestas que hasta entonces habían estado muy dispersas no solo entre las comunidades, sino también entre ciclos educativos. Ahora, la reforma educativa lo ha vuelto a hacer. Los convocantes de la movilización, la Plataforma por la Escuela Pública (FETE-UGT, CC OO, STES, CEAPA y el Sindicato de Estudiantes) ven el proyecto (Lomce) como la otra cara de los recortes, que configurará un sistema más barato que separa y selecciona (adelantando itinerarios y recuperando las reválidas), en lugar de ofrecer una atención a la diversidad (con apoyos, refuerzos, etcétera), que es más cara. Además, el texto ha conseguido soliviantar a muchos sectores por muchos frentes: por su apoyo a la Religión, a la enseñanza concertada, por las subvenciones a los colegios que separan por sexo, o por el fortalecimiento de la enseñanza en castellano en Cataluña.

Por todo ello, consideraron una provocación el anuncio del ministerio de llevar hoy, al día siguiente de la protesta, la reforma al Consejo de Ministros para pasar su último trámite antes de iniciar su andadura parlamentaria. Ayer, los miembros de la plataforma confiaron en que Wert lo reconsidere tras lo que consideraron el “éxito” de la protesta, con un seguimiento del 72% de los profesores (el Gobierno dice que la cifra no alcanza el 20%) y el 90% de los alumnos.

Wert siempre ha defendido que su propuesta fomenta la igualdad de oportunidades al ofrecer a los alumnos caminos más flexibles que se adapten a sus necesidades (la verdadera desigualdad es un sistema como el actual, con un abandono escolar del 25%, ha repetido en numerosas ocasiones). También ha defendido las reválidas como la mejor herramienta para conocer y arreglar los fallos del sistema y fomentar el esfuerzo de alumnos y profesores. La secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular, Sandra Moneo, dijo ayer respetar la huelga, pero insistió en que sería una “verdadera irresponsabilidad” no cambiar el sistema educativo actual y defendió la reforma (Lomce) como la “gran oportunidad” para mejorar su calidad.

La Plataforma por la Escuela Pública ya ha anunciado que, si la reforma sigue adelante, las movilizaciones continuarán. Además, independientemente de lo que ocurra con la ley, sigue estando muy presente en las aulas el otro gran motivo de malestar: los recortes.

En ese contexto, los alumnos (y los padres, en el caso de los más pequeños, porque son ellos los que deciden no llevarles a clase) tiraron con más fuerza ayer del paro e hicieron que este se sintiera en todo el sistema. Miles de profesores también lo apoyaron, pero probablemente menos que sus compañeros de movilización, castigados por el recorte de sueldo de en torno al 15% y por la acumulación de huelgas en los últimos tres años.

En todo caso, hay lugares en los que se ha notado mucho la huelga y otros, en los que muy poco. Este periódico pudo comprobar ayer que había ejemplos de todo tipo: desde el colegio Eugenia María de Hostos, en Madrid, donde apenas tuvo incidencia; hasta la escuela Can Montllor de Terrassa, en Barcelona, donde no fue ninguno de sus 80 alumnos y solo acudieron los dos profesores que estaban obligados por los servicios mínimos.

En los colegios concertados, que también estaban convocados, el seguimiento en general ha sido reducido; la principal asociación de padres del sector, CONCAPA, se ha opuesto al paro.

La jornada de huelga de ayer fue el colofón de dos semanas de movilización que han incluido centenares de encierros, vigilias y otras protestas en centros escolares y facultades de España. Además, el paro se completó ayer con manifestaciones celebradas en las principales ciudades del país que sumaron decenas de miles de asistentes en Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca, Murcia, La Coruña, Vigo, Zaragoza, Valencia o Alicante, entre muchas otras. En todas ellas se escucharon consignas contra los recortes, la reforma, contra “la privatización” de la Universidad.

En Barcelona —donde se reunieron por la 10.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, y 100.000, según los sindicatos— , la marcha estuvo acompañada en todo momento por un importante despliegue de antidisturbios.

La huelga general de la enseñanza tuvo un amplio respaldo en la Comunidad Valenciana y mostró sus propias señas de identidad en las manifestaciones y concentraciones que se produjeron a lo largo del día en las capitales de provincia y en la mayoría de las comarcas.

Alrededor de 60.000 personas en Valencia, unas 20.000 en Alicante, en torno a 10.000 en Castellón y 1.500 en Elche, según los organizadores, acudieron a las manifestaciones que concentraron las energías de la protesta contra la LOMCE y los diversos recortes, económicos y humanos, que aquejan al sistema educativo valenciano. Más valenciano, más calidad, más dignidad eran algunas de las exigencias destacadas en la pancarta de la Plataforma de Defensa de l’Ensenyament Públic que presidía la marcha en Valencia, al final de la cual se pidió tanto la dimisión del ministro Wert como de la consejera María José Català. Todos los partidos de la oposición tuvieron destacada presencia en las manifestaciones de las tres provincias.

En general, mostraban un músculo reivindicativo que hacía tiempo había desaparecido de las calles valencianas en un gran número de convocatorias diversas.

Un nutrido grupo de interinos increpaba en Alicante: “Comisiones y UGT quien te ha visto y quién te ve”, mostrando así su malestar por el acuerdo suscrito entre estos sindicatos que firmaron la baremación de la bolsa de trabajo con la consejería de Educación.

En cifras globales, la Consejería de Educación situó en un 28% el seguimiento de la huelga en la enseñanza pública. Los sindicatos hicieron muestreos y a media tarde el mayoritario STEPV daba un 72% de profesorado en huelga y seguimientos del 73% y del 23%, por parte del alumnado y los administrativos, respectivamente. En la concertada, las cooperativas la secundaron mayoritariamente y bastante menos el resto.

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