El precio del progreso

Por Boaventura de Sousa Santos *

Con la elección de Dilma Rousseff como presidenta, Brasil quiso acelerar el paso para convertirse en una potencia global. Muchas de las iniciativas en ese sentido venían de antes, pero tuvieron un nuevo impulso: la conferencia de la ONU sobre medioambiente, Río+20 (2012), el campeonato mundial de fútbol en 2014, los Juegos Olímpicos en 2016, la lucha por un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el papel activo en el creciente protagonismo de las “economías emergentes” (Brics: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la nominación de José Graziano da Silva para director general de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2012, y la de Roberto Azevedo para director general de la Organización Mundial de Comercio, en 2013, una política agresiva de explotación de los recursos naturales, tanto en Brasil como en Africa, especialmente en Mozambique, el impulso de la gran agroindustria, sobre todo para la producción de soja, agrocombustibles y ganado.

Beneficiado por una buena imagen pública internacional, ganada por el presidente Lula da Silva y sus políticas de inclusión social, este Brasil desarrollista se impuso al mundo como una potencia de nuevo tipo, benévola e inclusiva. Por eso, no podía ser mayor la sorpresa internacional ante las manifestaciones que en los últimos días llevaron a las calles a cientos de miles de personas en las principales ciudades del país. Mientras que frente a las recientes manifestaciones en Turquía fue inmediata la lectura sobre las “dos Turquías”, en el caso de Brasil fue más difícil reconocer la existencia de esas dos caras. Pero está a la vista de todos. La dificultad para reconocerla reside en la propia naturaleza del “otro Brasil”, un Brasil escurridizo a los análisis simplistas. Ese Brasil está compuesto por tres narrativas y temporalidades.

La primera es la narrativa de la exclusión social (es uno de los países más desiguales del mundo), las oligarquías terratenientes, el caciquismo violento, las elites políticas restringidas y racistas, una narrativa que se remonta a la época colonial y que se ha reproducido en formas siempre cambiantes hasta hoy. La segunda narrativa es la reivindicación de la democracia participativa, que se remonta a los últimos 25 años y tuvo sus puntos más altos en el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1988, los presupuestos participativos en las políticas urbanas de cientos de municipios, la destitución del presidente Collor de Mello en 1992, la creación de los consejos de ciudadanos en las principales áreas de las políticas públicas, especialmente en salud y educación, en los diferentes niveles de acción estatal (municipal, estadual y federal). La tercera narrativa tiene apenas diez años de edad y se relaciona con las vastas políticas de inclusión social adoptadas por el presidente Lula desde 2003 y que llevaron a una significativa reducción de la pobreza, la creación de una clase media con profunda inclinación consumista, el reconocimiento de la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena, y las políticas de acción afirmativa y de ampliación del reconocimiento de los territorios de los quilombos (asentamientos afrobrasileños) y de los indígenas.

Desde que asumió Rousseff se ha producido una desaceleración o incluso un estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no hay vacío, el espacio que ellas fueron dejando comenzó a ser aprovechado por la primera y más antigua narrativa, que ganó vigor bajo el nuevo ropaje del desarrollo capitalista a toda costa y las nuevas (y viejas) formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas, neutralizadas en el dominio de las grandes obras de infraestructura y megaproyectos, y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de una vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo u obsesionadas por su deseo. Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron de corresponderse con las expectativas de quienes se sentían merecedores de más y mejores condiciones. La calidad de la vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional que absorbieron las inversiones que debían mejorar el transporte, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentaron los asesinatos de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como “obstáculos al desarrollo”, sólo porque luchan por sus tierras y sus modos de vivir contra los agronegocios y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la represa de Belo Monte, destinada a proporcionar energía barata a la industria extractiva).

La presidenta Dilma fue el termómetro de este cambio insidioso. Asumió una actitud de abierta hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas, un cambio drástico en comparación con su antecesor. Luchó contra la corrupción, pero dejó para los socios políticos más conservadores la agenda que consideró menos importante. Así fue como la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homofóbico que promueve un proyecto legislativo conocido como “la cura gay”.

Las manifestaciones revelan que, lejos de haber sido el país el que ha despertado del adormecimiento, fue la presidenta quien despertó. Con los ojos puestos en la experiencia internacional y también en las elecciones presidenciales de 2014, la presidenta Dilma advirtió que las respuestas represivas sólo agudizan los conflictos y aíslan a los gobiernos. En el mismo sentido, los gobernantes de nueve ciudades capitales ya decidieron bajar el precio del transporte. Es sólo un comienzo. Para ser consistente, es necesario que las dos narrativas (la democracia participativa y la inclusión social intercultural) retomen el dinamismo que alguna vez tuvieron. Si así fuera, Brasil le estará demostrando al mundo que sólo vale la pena pagar el precio del progreso profundizando la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo las diferencias culturales y políticas de aquellos para los que el progreso sin dignidad es retroceso.

* Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra.
Traducción: Javier Lorca.

Publicado en Página12

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